En los últimos años ha habido una tendencia a modificar las leyes para castigar a quien transmita el VIH o exponga a otra persona a la infección. Según lo han argumentado sus creadores, estas medidas buscan proteger o hacer justicia a las mujeres que adquieren la infección de sus parejas estables, un fenómeno palpable en la región de América Latina.
Sin embargo, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) y numerosas organizaciones civiles han rechazado estas medidas punitivas debido a que agravan la situación de la epidemia del VIH y no hacen justicia para las mujeres.
Este tipo de leyes castigan a quienes, viviendo con el VIH, lo transmitan a una pareja sexual, o bien, expongan a esa pareja al virus al no usar condón y/o no informarle sobre su condición. Sin embargo, también pueden abarcar a alguien con VIH que escupa, rasguñe o muerda a otra persona, cuando éstas ni siquiera son vías comprobadas de transmisión del virus (o tienen muy baja probabilidad de serlo).
Aunque pudiera parecer buena idea, existen razones para oponerse a la penalización de la transmisión o exposición al VIH, pues de acuerdo con un documento publicado por ONUSIDA, el Instituto Open Society y la Alianza Arasa de Sudáfrica, estas medidas son más perjudiciales que benéficas en la respuesta a la pandemia.
- Las leyes que penalizan la exposición y transmisión del VIH no reducen la propagación del virus. Quienes proponen estas leyes creen que su aplicación reducirá la expansión del virus al incapacitar o rehabilitar a quienes las infrinjan, o bien, al disuadir a otros para que no lo hagan. Sin embargo, las leyes que castigan los comportamientos de riesgo relacionados con el VIH (como las relaciones sexuales sin protección o entre hombres) no han demostrado tener ningún efecto en incapacitar, rehabilitar o persuadir tales comportamientos.
- Este tipo de leyes afecta negativamente los esfuerzos de prevención. La primera consecuencia palpable es disuadir a las personas de hacerse una prueba de detección del VIH, pues la falta de conocimiento de su condición podría ser la mejor defensa en caso de llegar a un juicio penal. Por otro lado, criminalizar a quienes viven con VIH y responsabilizarlos de evitar la transmisión genera un falso sentido de seguridad en quienes no tienen (o no saben que tienen) el VIH, despreocupándose de su autocuidado.
- La aplicación estas normas penales genera miedo y estigma. Desde su aparición, el VIH siempre ha sido motivo de estigma y discriminación. Si no se puede hablar abiertamente y de forma positiva sobre el tema, permanecerán los estereotipos de que las personas con el virus son “criminales inmorales y peligrosos”, en lugar de reforzar la idea de su dignidad y sus derechos humanos. Estos estereotipos también interfieren con la información científica y precisa sobre el VIH, y tergiversan la visión del público general acerca de la infección.
- Este tipo de leyes, lejos de ayudar a las mujeres, las pone en mayor peligro y opresión. Aun estando en pareja estable o en matrimonio, muchas mujeres son obligadas a tener relaciones sexuales. Lo importante es que ellas reciban justicia por los actos de violencia que se cometen en su contra, como la violación sexual, pero castigar a alguien por transmitirle el VIH no aborda el problema de fondo, que es la violencia de género. A esto hay que sumar que las mujeres podrían ser acusadas por la transmisión materno-infantil durante el embarazo, sin olvidar que muchas de ellas se enteran de que tienen VIH durante sus consultas prenatales.
- Penalizar la transmisión sólo se justifica si la persona deliberada o maliciosamente transmite el VIH con intención de dañar. En los casos de transmisión intencional, que en efecto, existen, las leyes que ya están vigentes son perfectamente aplicables, por lo que no es necesario crear leyes específicas acerca del VIH. Por ejemplo, las leyes que prohíban causarle daño físico a otra persona abarcan la transmisión intencional del VIH. Aquí habría que dejar fuera a los casos donde las personas fueran “negligentes” o “descuidadas”, pero no actuaran con el propósito de dañar a otros, ya que los alegatos serían muy difíciles de comprobar.
Criminalizar a quienes viven con VIH y no revelaron su estatus por miedo a la violencia, al estigma o a la discriminación no es una solución para la pandemia. Lo realmente necesario es que más gente tenga relaciones sexuales protegidas, acceda a las pruebas de detección y así reciba el tratamiento que necesita, el cual puede controlar el virus al grado de que esa persona ya no pueda transmitirlo a alguien más.
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